Universidad
Politécnica de Madrid

23.05.16


Por CARMEN SÁNCHEZ-GUEVARA SÁNCHEZ y ANA SANZ FERNÁNDEZ


Puede considerarse que un hogar está en situación de pobreza energética cuando necesita destinar una parte excesiva de sus ingresos a satisfacer las necesidades energéticas de su vivienda. Esta definición, genérica, sirve como punto de partida para cualquier investigación sobre esta cuestión, y es que a lo largo de los últimos 33 años han sido no pocos los investigadores que, en múltiples países, han intentado delimitar los conceptos contenidos en esta definición, tales como qué resulta una parte excesiva de los ingresos de los hogares o cuáles son las necesidades básicas energéticas que tiene una vivienda.

La propuesta de un nuevo método de evaluación de la pobreza energética en España que hemos elaborado surgió de las limitaciones encontradas en las metodologías actuales para detectar correctamente los hogares en situación de pobreza energética a causa de  las particularidades de las distintas regiones del país. Por ello, se consideró urgente el desarrollo de una definición de pobreza energética adaptada a las condiciones regionales que recoja no solo los distintos niveles de renta de los hogares, sino también las significativas diferencias constructivas y climáticas existentes entre el norte y el sur, de modo que incorporen los problemas de sobrecalentamiento y las necesidades de climatización que, además, se verán exacerbadas por el incremento de temperaturas provocado por el cambio climático.

El método desarrollado se basa en el enfoque de ingresos de los hogares y gastos energéticos asociados a la vivienda, incorporando en ambos aspectos las diferencias regionales. El cálculo del umbral de la pobreza monetaria utilizando el 60% de la mediana de la renta equivalente en cada región (tal y como fija Eurostat en sus estadísticas) ha dado un umbral diferente en cada una. Por otra parte, el método se centra en los gastos energéticos asociados a las necesidades de climatización de acuerdo con unos estándares mínimos de habitabilidad térmica que deben asegurar las viviendas. 

Además de la revisión de los umbrales de temperatura utilizados tradicionalmente, se incorporan las necesidades de refrigeración. Para ello se han empleado criterios de bienestar adaptativo, que recogen la capacidad de adaptación de la población al clima y que hace que estas temperaturas sean específicas para cada región. A partir de estas temperaturas se ha establecido la demanda adaptativa y el gasto teórico de los hogares asociado a esa demanda adaptativa.

Por tanto, y dadas las diferencias existentes dentro del país tanto de niveles de renta como de necesidades energéticas asociadas a las viviendas, el método establece diferentes umbrales de pobreza energética para las distintas regiones españolas. Además, se incorporan las características del parque de viviendas en el que habitan los hogares, tercer factor causante de la pobreza energética. Este aspecto ha resultado fundamental en esta investigación, tanto para entender la situación real de los hogares como desde un punto de vista propositivo con vistas al diseño de políticas de rehabilitación específicas de intervención sobre el parque residencial para erradicar la pobreza energética en España.
Finalmente, se recoge la vulnerabilidad de los hogares en relación a una situación de pobreza energética, de modo que no solo clasifica los hogares como pobres energéticos o no, sino que valora el potencial de un hogar de caer en una situación de pobreza energética.

Representación del método de evaluación de la pobreza energética (Sánchez-Guevara et al, 2015).

En el estudio se ha analizado la situación de pobreza energética en tres comunidades autónomas a través del método desarrollado: Castilla y León, Comunidad de Madrid y Andalucía. Ha sido posible no solo comprobar las diferencias existentes entre unas y otras en sus respectivas tasas de pobreza energética, sino explicar a qué se deben estas diferencias. En 2011, un 23% de los hogares de Castilla y León tuvieron un gasto en energía superior al 10% de su renta, lo que supone la mayor tasa de hogares en situación de pobreza energética de las tres comunidades autónomas estudiadas. Dicha particularidad está causada fundamentalmente por la severidad climática de los inviernos, que hace que las necesidades energéticas de climatización de los hogares sean mayores y, por tanto, las facturas energéticas de los mismos más altas. En Andalucía, este grupo de hogares supone el 17%. Este dato tan elevado, y no esperable a priori, es debido a que esta comunidad tiene las rentas más bajas de las tres comunidades estudiadas.

Sin embargo, en esta investigación se han comprobado las carencias derivadas del empleo de las fuentes estadísticas oficiales, las cuales recogen únicamente el gasto real de los hogares y no el necesario. Se ha comprobado la existencia de un grupo de hogares, cuya renta se encuentra por debajo del umbral de la pobreza monetaria y que a priori no serían identificados como pobres energéticos por su bajo gasto en energía, pero que no cuentan con ningún sistema de calefacción, lo que sumado a la antigüedad del parque de viviendas en el que habitan, apunta a que no estén viviendo bajo unas temperaturas adecuadas de bienestar. La suma, por tanto, de los distintos grupos de hogares identificados mediante este método como desfavorecidos, porque sufren algún tipo de pobreza energética, suponen en Castilla y León el 31% de los hogares, en la Comunidad de Madrid el 24% y en Andalucía el 26%.

Con el objetivo de evaluar detalladamente las condiciones mínimas de habitabilidad térmica que deben asegurar las viviendas, se ha llevado a cabo un estudio de barrios de viviendas construidos entre los años 1960 y 1975, en los que se encuentra la mayor concentración de población vulnerable (Hernández Aja, 2011). Este análisis ha constatado la relación intrínseca existente entre la pobreza energética y la pobreza monetaria. En aquellos casos en los que el parque de viviendas es ineficiente desde el punto de vista energético, la pobreza energética y la pobreza monetaria van de la mano.

La solución para este grupo poblacional pasa por una rehabilitación de su parque de viviendas mediante la intervención de las administraciones públicas que les asegure unas viviendas de mínimas necesidades energéticas, dado que el bajo nivel de renta de estos hogares les imposibilita afrontar ningún tipo de rehabilitación energética de sus viviendas. La actuación sobre este grupo de hogares resulta prioritaria frente a un segundo grupo que, si bien tiene unas necesidades energéticas excesivas, cuentan con unas rentas que superan el umbral de la pobreza. Este segundo grupo debe ser objeto también de las políticas públicas de rehabilitación, que incentiven la rehabilitación de estas viviendas.

El estudio del parque de viviendas ha revelado la importancia de la calidad de la edificación sobre la situación de pobreza energética de los hogares, demostrándose cómo hogares con niveles de renta muy similares pueden caer en una situación de pobreza energética únicamente debido a la ineficiencia del parque en el que habitan. Este hecho llega incluso a producirse dentro de un mismo bloque, en el cual puede ocurrir que habiendo hogares con la misma renta unos se encuentren en pobreza energética y otros no, únicamente por la posición relativa de la vivienda dentro del mismo debido a las diferencias en el comportamiento térmico y gasto energético de la vivienda.

Junto al parque de viviendas, también las instalaciones de climatización con las que cuentan los hogares han mostrado tener una incidencia sobre la situación de pobreza energética de los mismos. Así, los hogares andaluces cuentan fundamentalmente con sistemas de calefacción que emplean la energía eléctrica, lo que les hace mucho más vulnerables a las variaciones en el precio de la factura de la luz que los hogares de Castilla y León o de la Comunidad de Madrid, que utilizan sistemas de gas natural.

Finalmente, la revisión de las políticas públicas que pueden influir sobre la situación de los pobres energéticos ha mostrado que la falta de una definición oficial que reconozca el problema imposibilita el diseño de soluciones adecuadas. Las políticas encaminadas a reducir el precio final de la factura de energía, tales como el bono social, resultan completamente ineficientes debido a que, en primer lugar, únicamente afectan al recibo de la luz, de modo que aquellos hogares cuyos sistemas de calefacción utilizan como fuente de energía gas natural no se verán beneficiados durante los meses fríos. Además de esto, la identificación de los hogares que necesitan estas ayudas resulta ineficiente.

Por otro lado, las políticas relacionadas con la mejora de la eficiencia energética del parque de viviendas no están suficientemente orientadas a la erradicación de la pobreza energética. Tanto la modificación de la normativa relativa a la eficiencia energética de los edificios (el Código Técnico de la Edificación, en el que ahora también se recogen las actuaciones de rehabilitación) como en la aprobación de los certificados de eficiencia energética de los edificios, se fomenta la mejora de la eficiencia energética del parque de viviendas existente, pero sigue sin estar asegurada la mejora de la situación de aquellos hogares en situación de pobreza energética. Por otro lado, pese a la existencia de programas que plantean subvenciones de las actuaciones de rehabilitación, es cuestionable que aquellos hogares con rentas inferiores al umbral de la pobreza monetaria puedan llevar a cabo intervenciones de rehabilitación sobre sus viviendas.

Podemos resumir, por tanto, que es posible realizar una aproximación a la pobreza energética desde una escala más detallada que la nacional y teniendo en cuenta factores, tales como las diferencias de ingresos o climáticas, que nos van a permitir explicar el fenómeno con sus diferencias y particularidades regionales. También es reseñable que se han detectado carencias en los datos estadísticos, lo que sería necesario abordar lo antes posible para poder tener más información del problema de la pobreza energética. Otra de las conclusiones fundamentales de este estudio es que sin una clara voluntad política, en la que las medidas estén directamente dirigidas a este problema y contemplen la diversidad de situaciones dentro del mismo, será imposible una solución integral y definitiva.

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Carmen Sánchez-Guevara y Ana Sanz Fernández son investigadoras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPM.



Bibliografía de referencia

BOARDMAN, B. 1991. Fuel Poverty: from Cold Homes to Affordable Warmth. London.

BOARDMAN, B. 2010. Fixing Fuel Poverty: Challenges and Solutions. London: Earthscan. ISBN 978-1-84407-744-1.

HERNÁNDEZ AJA, A., VÁZQUEZ ESPÍ, M., GARCÍA MADRUGA, C., MATESANZ PARELLADA, Á., MORENO GARCÍA, E., ALGUACIL GÓMEZ, J. Y CAMACHO GUTIÉRREZ, J. 2011. Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables. Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/bbvv/bbvv.html.

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SÁNCHEZ-GUEVARA, C., SANZ FERNÁNDEZ, A., HERNÁNDEZ AJA, A. 2015. “Income, energy expenditure and housing in Madrid”. Building Research and Information.

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SÁNCHEZ-GUEVARA, C., NEILA GONZÁLEZ, F.J., HERNÁNDEZ AJA, A. 2014 “Towards a fuel poverty definition for Spain”. World Sustainable Building Conference 2014. Barcelona