Universidad
Politécnica de Madrid

21.03.2023

El 15% de las viviendas en nuestro país se encuentran en situación de riesgo energético, un problema derivado no solo de los ingresos de los hogares, sino también de la mala calidad de las viviendas y del precio de la energía. Así se desprende de un estudio en el participa Jorge Gallego, investigador de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, y que trata de prevenir situaciones de vulnerabilidad social.

Para ello, los investigadores proponen, como novedad, la introducción del concepto de “solvencia energética”. “Este podría definirse como la capacidad de la persona que compra o alquila una vivienda para hacer frente a los costes energéticos necesarios para mantener la vivienda en una situación confortable, sin caer en una situación de pobreza energética”, explica Jorge Gallego.

En el trabajo, los investigadores aplican este concepto a los datos socio-económicos de España, analizando las superficies máximas que pueden tener las viviendas para garantizar la solvencia energética de sus ocupantes, en función de la zona climática, la clase energética y las fuentes de energía utilizadas.

“El procedimiento que hemos utilizado consiste en calcular el ingreso neto por hogar y la intensidad del gasto energético del hogar (gasto energético por metro cuadrado)”, indica el investigador de la UPM. En cuanto al tipo de energía consumida en calefacción, los investigadores analizaron las viviendas con los dos tipos de energía más representativas: el 53% de las viviendas tiene caldera de gas, y el 18% tiene calefacción eléctrica.

Respecto a la instalación de agua caliente sanitaria, se estudiaron las viviendas con las energías más representativas: el 79% de las viviendas dispone de caldera de gas o calentador de agua a gas, y el 19% termo eléctrico. Tanto la clasificación energética como la zona climática en la que se ubica la vivienda tienen un impacto significativo en el gasto energético, por lo que también se realizaron cálculos para ambas variables en todos los casos.

Finalmente, los investigadores calcularon el umbral de riesgo energético: los metros cuadrados máximos de vivienda elegibles sin incurrir en pobreza energética.

Rehabilitación de las viviendas, requisito fundamental para reducir la pobreza energética

Al analizar la tabla de riesgo energético, los resultados obtenidos indican que el 15% de las viviendas deben tener una superficie construida inferior a la mínima permitida por la ley para no estar en situación de riesgo energético. También se observa que en un 86% de los casos se alcanza la solvencia energética para viviendas con clase energética A, B, C y D, de hasta 120 m2.

Esto significa que el problema fundamental de la pobreza energética no lo constituyen tanto los ingresos de los hogares, sino la mala calidad de las viviendas. “La normativa actual no permite la construcción de viviendas nuevas con bajo rendimiento energético”, indican los investigadores. El problema radica en el parque inmobiliario, ya que un total del 85% de las viviendas certificadas a 2019 pertenecen a las clases E, F o G. “La rehabilitación energética es fundamental para reducir la pobreza energética”, subraya Jorge Gallego.

El estudio concluye que, conociendo la solvencia energética antes de alquilar o comprar una vivienda, se puede prevenir la pobreza energética al evitar realizar aquellas operaciones en las que se conoce que se va a incurrir en dicha situación.

Gracias a la metodología desarrollada en la investigación, se podría promover una ley que limite la venta o alquiler de viviendas en las situaciones en las que se conoce de antemano que se va a producir una situación de pobreza energética. “Prevenir la pobreza energética antes de que suceda resulta más fácil que luchar contra ella una vez que se ha producido”, afirma el investigador de la UPM.

Jorge Gallego Sánchez-Torija, María Antonia Fernández Nieto y Pedro José Gómez Serrano. “Energy solvency. A new concept to prevent energy poverty in Spain”. Energy Efficiency, 15(8), 61, 2022.