¿Qué es exactamente el Protocolo de Kioto? ¿Qué implicaciones ha tenido en la lucha contra el cambio climático? ¿Sigue en vigor este acuerdo internacional? ¿Cómo ha afectado a las políticas españolas? Investigadores de la Universidad Politécnica responden a todas estas preguntas en un artículo de colaboración cuando se cumplen 12 años de la entrada en vigor de este tratado.
Por IVANKA PUIGDUETA BARTOLOMÉ y ALBERTO SANZ COBEÑA.
El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional alcanzado con el objetivo de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de origen antrópico que provocan el cambio climático. Entró en vigor en 2005, y consta de dos periodos de actuación: 2008-2012 y 2013-2020. Por primera vez, con el Protocolo se definieron unos objetivos de reducción obligatorios, cuantificados y específicos .
El texto se enmarca dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y fue negociado durante su tercera Conferencia de las Partes (COP 3). Siguiendo el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” establecido por la CMNUCC, en el Protocolo son sólo los países responsables de la mayoría de las emisiones de GEI y aquéllos que disponen de mayores recursos económicos, los que tienen objetivos de reducción y han de llevar el liderazgo en los esfuerzos de mitigación.
Es por ello que, bajo el primer periodo de compromiso, sólo los países que eran parte de la OCDE en 1992 y aquéllos en transición hacia una economía de mercado por aquél entonces (Rusia, los estados Bálticos y varios estados de Europa central y oriental) habían de reducir sus emisiones. El objetivo marcado para este primer periodo era la reducción de sus emisiones de GEI en conjunto en un 5,2% respecto a los valores de 1990 ó 1995 (dependiendo del gas).
Los gases para los que se impusieron límites de emisión fueron seis: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafloruro de azufre (SF6).. Los objetivos de reducción nacionales oscilaron entre el 8% para la UE y otras partes, 7% para EEUU, 6% para Japón y Canadá, 0% para Rusia (recuperación de los niveles de 1990), etc. Por otro lado, a algunos países industrializados se les permitía incrementar sus emisiones, como a Australia (8%) o Islandia (10%). La reducción de las emisiones de GEI perseguida, comparada con los niveles de emisión proyectados para 2010 sin la puesta en marcha del objetivo, se estimó en un 29%.
La creación del Protocolo fue impulsada por la publicación del Segundo Informe de Evaluación del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) en 1995, que concluía que el clima ya había empezado a cambiar a causa de las emisiones de GEI debidas, principalmente, a la quema de combustibles fósiles.
El primer periodo del acuerdo fue ratificado por 191 países, más la Unión Europea, que actúa como Parte del Protocolo independientemente de sus estados miembros y divide los esfuerzos de reducción entre éstos. Estados Unidos no llegó a ratificar el acuerdo pese a haberlo firmado en 1998 bajo la presidencia de Bill Clinton. La ratificación de este país se vio complicada por la negativa por parte del Congreso, tras lo que se produjo el anuncio de la retirada del mismo por parte la Administración Bush en 2001. Tras este acontecimiento, la suerte del Protocolo cayó en manos de Rusia, pues para que el acuerdo entrase en vigor era necesaria su ratificación por un mínimo de 55 Partes que fueran responsables de al menos el 55% de las emisiones globales.
Tras la ratificación del acuerdo por parte de Rusia en noviembre de 2014, el Protocolo entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Rusia era inicialmente reticente a formar parte del acuerdo, pero la gran presión por parte de la UE, junto con la financiación de la reconversión industrial y la modernización de sus instalaciones (principalmente las petroleras), facilitaron el proceso.
El Protocolo en España
En el caso español, el Gobierno firmó el Protocolo en 1998, y lo ratificó en 2002. España adquirió sus compromisos de reducción como miembro de la UE, cuyo compromiso de reducción en el territorio total se estableció en 8%. En las negociaciones internas que tuvieron lugar dentro la UE, España adquirió el compromiso de limitar el crecimiento de sus emisiones en un 15% respecto a los niveles de 1990-1995.
El Protocolo incluyó un sistema de cumplimiento con sanciones, permitiendo a los países parte reducir las emisiones fuera de sus fronteras mediante inversiones en otros países, hecho que levantó críticas por parte de colectivos ecologistas. La energía nuclear quedó excluida de los mecanismos diseñados para favorecer el éxito en la consecución de los objetivos marcados por el Protocolo mediante el intercambio de tecnología y emisiones.
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