Universidad
Politécnica de Madrid

¿Deberían cerrar las centrales nucleares españolas?

Investigadores de la UPM y la Universidad de Extremadura analizan las consecuencias que tendría el cierre de las centrales nucleares y las razones que existen para solicitar esta medida.

01.04.2019

Por Gonzalo Jiménez Varas, Carlos Vázquez-Rodríguez y Jorge Rafael González Teodoro

El debate nuclear en España parecía cerrado tras las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el pasado mes de julio. El Gobierno confirmaba así la voluntad de cerrar el parque nuclear conforme las centrales cumpliesen los cuarenta años de vida de diseño.

Después de varios meses de incertidumbre, el lunes 28 de enero se publicó un posible cambio de perspectiva del Gobierno sobre el futuro de la energía nuclear en España. De confirmase, establecería un calendario de cierre entre los años 2025 y 2036.

Desde los inicios de esta tecnología, el debate nuclear ha sido constante. Los movimientos antinucleares han basado su mensaje en los riesgos de un posible accidente y en los residuos generados. Este mensaje se ha difundido en los grandes medios de comunicación, aprovechando la alarma social generada por los graves accidentes ocurridos en Estados Unidos (Three Mile Island, Pensilvania 1979), URSS (Chernóbil, 1986) y Japón (Fukushima, 2011).

Los defensores de la nuclear exponen las ventajas económicas, sus aportaciones a la seguridad de suministro y su papel como única tecnología capaz de generar electricidad libre de emisiones (CO₂) sin depender de las condiciones climatológicas. Sin embargo, la cobertura mediática de sus beneficios es mucho menor que la que se da a sus riesgos.

Un análisis global

Para analizar el sector nuclear es necesario estudiar de forma global el sector energético.

La parte del mix energético basada en la quema de combustibles fósiles se irá desmantelando, según la normativa europea, para reducir las emisiones de CO₂ y cumplir el acuerdo de París. Por ello, el Gobierno anunció que antes del 2020 siete centrales de carbón serán clausuradas.

El sector renovable progresa poco a poco para aumentar su penetración en el mix energético. Entre un 30 y un 40% de la demanda se ha cubierto con renovables en los últimos 10 años, pero todavía no existe una tecnología complementaria que les permita convertirse en una base sólida para el sistema eléctrico.

Las renovables no pueden asegurar el suministro por sí solas, al no estar disponible aún la tecnología para almacenar cantidades de energía suficientes. Por ello se necesitan centrales que puedan proporcionar energía al sistema de forma constante, como las centrales nucleares y las centrales térmicas, y que cubran la demanda cuando las renovables no sean capaces.

La mayor penetración de las renovables en el mix energético implica invertir para aumentar la fiabilidad de producción ante una mayor intermitencia en el sistema. La patronal ha cifrado este coste en 30.000 millones de euros para 2030. Además, aunque los precios de la energía solar son competitivos en la actualidad, su instalación masiva a principios del siglo XXI, cuando la tecnología aún no era rentable, generó un déficit que el sistema ha asumido y seguirá asumiendo en los próximos años. Esta es una de las razones por las que el precio del kWh en España es el quinto más caro de Europa.

Incidentes y residuos

Las centrales nucleares en España solo han sufrido un incidente importante (nivel 3 en la escala INES), según datos históricos del Consejo de Seguridad Nuclear. Este incidente, acontecido en la CN de Vandellós I en 1989, no tuvo consecuencias en términos de emisiones radiactivas o víctimas mortales. Además, ha habido tres incidentes de nivel 2 desde 1990.

Los sucesos que se catalogan como anomalías (nivel 1) disminuyen cada año debido a que las centrales nucleares cuentan con inversiones de unos 200 millones de euros para mantener la seguridad. Por tanto, las centrales españolas llevan décadas demostrando su capacidad para operar de forma eficiente y segura.

Los residuos nucleares y su alta radiactividad durante miles de años son el principal problema de esta tecnología. Sobre todo por la dificultad burocrática que conlleva la construcción de almacenamientos temporales y definitivos para albergarlos, lo que ha producido grandes retrasos en su construcción en España.

La consecuencia es que Francia cobra 27 millones de euros anuales por custodiar en La Hague los residuos de la central de Vandellós I, que no han podido regresar a suelo español por el retraso en la construcción del almacén temporal centralizado. Desde el desmantelamiento de la central, se han pagado al país vecino unos 550 millones de euros, de los cuales unos 300 millones son imputables a los citados retrasos.

Es importante destacar que, como se establece en el Plan General de Residuos Radiactivos, los pagos a Francia son a modo de fianza. Serán devueltos cuando los residuos regresen a territorio español.

I+D y contexto internacional

Mantener las centrales nucleares permitiría seguir invirtiendo en la investigación nuclear, que se utiliza en otros ámbitos como los aceleradores de partículas y la detección y la terapia contra el cáncer.

La industria nuclear invierte en investigación más de 71 millones anuales (lo que representa más del 1% gasto total de España). Por ello, el desmantelamiento de las centrales nucleares podría debilitar la investigación biomédica.

La continuidad del parque nuclear permitiría que España pudiese albergar centros de investigación internacionales, colocados en un entorno industrial y logístico familiarizados con la tecnología. Esto permitió a nuestro país concursar por ubicar ITER (el segundo proyecto más caro de la historia) dentro de sus fronteras, aunque finalmente se está construyendo en Francia. Queda la esperanza de conseguir el proyecto IFMIF-DONES, una instalación complementaria de ITER.

Varios países han apostado por la energía nuclear para aliviar su dependencia de los combustibles fósiles. China, Rusia, Finlandia, India, Corea y Francia tienen reactores en proyecto o en construcción. China y Rusia, además, lideran el desarrollo de los reactores de Generación IV.

Esta última generación de reactores, en particular los reactores rápidos, podrían cambiar la opinión pública respecto a la energía nuclear, ya que sus residuos nucleares durarían pocos siglos en vez de milenios. Además, podrían obtener un rendimiento energético cien veces mayor. El reactor rápido ruso BN-800 se conectó a la red en agosto de 2016, pero queda mucho camino por delante para optimizar su uso y facilitar la gestión de los residuos.

Energía nuclear en contexto político

Existe otro factor importante en el debate nuclear: los intereses políticos. Estos se han impuesto con demasiada frecuencia sobre el debate tecnológico, económico y climatológico. La apuesta o no por las centrales nucleares no debería depender de decisiones con fines electorales.

En Italia, un referéndum realizado un año después del accidente de Chernóbil supuso el cierre de sus centrales nucleares en construcción. Por otro lado, tres días después del accidente de Fukushima, el Gobierno alemán paralizó una ley aprobada seis meses antes en la que se elegía a la nuclear como energía de transición. Tres meses después del accidente, se estableció un calendario de cierre que finalizará en 2022. Hoy ambos países importan electricidad de generación nuclear.

Todo esto nos lleva a concluir que el debate sobre la opción nuclear debería ser llevado al Parlamento Europeo, donde se decida el futuro energético sin interferencias ideológicas. Allí se debería acordar un plan de investigación, un parque nuclear y un futuro energético común, asumiendo un coste de la electricidad idéntico y compartiendo los riesgos potenciales (que no entienden de fronteras) entre todos los ciudadanos de la Unión.

Esta propuesta es coherente con la reciente publicación de la estrategia para 2050 de la Unión Europea, donde la energía nuclear comparte espacio con las renovables en la lucha colectiva contra el cambio climático.

Gonzalo Jiménez Varas es Associate professor, Universidad Politécnica de Madrid (UPM); Carlos Vázquez-Rodríguez, estudiante de doctorado, Universidad Politécnica de Madrid (UPM); Jorge Rafael González Teodor, doctorando en el departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Extremadura, Universidad de Extremadura.

***Puedes leer este artículo completo en The Conversation