Universidad
Politécnica de Madrid

25.01.15

Por ALFONSO SAN MIGUEL

Como todos sabemos, la influencia de la humanidad sobre nuestro propio planeta ha adquirido una intensidad dramática en las últimas décadas. El crecimiento exponencial de la población humana y de las tecnologías que ésta maneja han disparado lo que ahora denominamos cambio global, un síndrome que se caracteriza, entre otras cosas, por el veloz avance de la frontera agrícola en detrimento de la forestal, un enorme incremento de los gases de efecto invernadero, un cambio climático de origen antrópico y una pérdida acelerada de biodiversidad; tan acelerada que se habla de la sexta extinción, con tasas de desaparición de especies que superan a las de la quinta, en la que se extinguieron los dinosaurios. El efecto del hombre sobre la Tierra es tan intenso que ha adquirido la magnitud de fuerza geológica, lo que ha llevado a proponer la existencia de una nueva era, el Antropoceno, en la que estaríamos desde hace poco más de dos siglos. Todo ello ha obligado a la humanidad a tomar conciencia de la magnitud del problema y a adoptar medidas globales que permitan frenar, y si es posible revertir, el problema. En el caso de la pérdida de la biodiversidad, algunos de los principales hitos han sido las firmas de los convenios internacionales Ramsar, CITES (Convention on the International Trade of Endangered Species), de Berna, de Bonn y de la Diversidad Biológica, todos ellos firmados en el último cuarto del siglo XX. A escala de la Unión Europea, la apuesta por la conser¬vación de la biodiversidad es muy ambiciosa y se centra en dos directivas de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros: la de aves, que se aprobó en 1979, y la de hábitats (que incluye no solo hábitats sino también especies de flora y fauna), que se firmó en 1992. Ambas obligan no solo a mantener un estado de conservación favorable en las especies y los tipos de hábitats de interés comunitario (que aparecen enumeradas en sus anejos), sino también, en el caso de mu¬chas especies, a proteger los territorios que se consideran imprescindibles para ello: las denominadas áreas críticas. En el caso de la Directiva Aves son las denominadas ZEPA (zonas de especial protección para las aves) y en la de Hábitats, las ZEC (zonas especiales de conservación). De ese modo, con las ZEPA y las ZEC, se configura la denominada Red Natura 2000, que cubre un 28% de la superficie terrestre de España: 14 millones de hectáreas. España dispone de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que traspone las obligaciones de las directivas mencionadas y avanza en el establecimiento de normas que permitan garantizar la conservación de nuestra biodiversidad, haciéndola compatible con el aprovechamiento racional y sustentable de sus servicios y el desarrollo rural. Finalmente, las comunidades autónomas también han avanzado en aspectos legislativos orientados a la conservación de la biodiversidad en sus territorios.

Aunque, como se ha indicado, la Directiva Hábitats establece listados de las especies para cuya conservación es necesario declarar zonas de especial conservación (anejo II) o que requieren protección estricta (anejo IV), las prioridades, los esfuerzos y los presupuestos dedicados a esa conservación obligatoria de la biodiversidad no se distribuyen de forma homogénea o proporcional a la importancia ecológica de las especies o a la diversidad de los grupos en los que estas se incluyen. En este ámbito suele cumplirse aquello de “sólo se conserva lo que se valora y sólo se valora lo que se conoce”. Por ello, una mejor imagen pública de las especies se traduce en mayor conocimiento; el conocimiento en valoración y la valoración, en conservación. Y el problema es que muchas especies ni siquiera tienen imagen pública, porque solo son conocidas por un grupo muy limitado de especialistas. Ello las relega irremisiblemente al desconocimiento, la infravaloración y la minimización de los esfuerzos dedicados a su conservación: son las especies olvidadas, las cenicientas de la biodiversidad.

Ciervo volante ('Lucanuscervus'), escarabajo saproxílico protegido cuya conservación depende de la de los bosques maduros.

Los datos procedentes de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España permiten poner cifras a esas afirmaciones. Así, aunque dentro del mundo animal, los vertebrados solo aportan un 1,8% de las especies y los invertebrados, un 98,2% (los insectos, un 81%), las publicaciones científicas relativas a los primeros ascienden a un 79% del total y las de los segundos, al restante 21%. Y, lo que es todavía más significativo, los presupuestos dedicados a la conservación de los primeros acaparan un 95% del total, mientras que los de los invertebrados solo suponen un 5%. Por motivos similares, a pesar de las enormes diferencias que existen en diversidad de especies, el Catálogo Español de Especies Amenazadas (RD 139/2011) solo incluye 31 especies de invertebrados, mientras que las de anfibios y reptiles son 93; las de aves, 296 y las de mamíferos 33. Parece claro, pues, que aunque la obligación de mantener a las especies de interés comunitario en un estado de conservación favorable se aplica a todas las que aparecen en las directivas citadas, la conservación de las especies olvidadas queda en un segundo plano muy lejano frente a las más emblemáticas: lince ibérico, águila imperial ibérica, oso, urogallo o buitre negro, por ejemplo.

Un segundo problema, estrechamente ligado al que acabamos de describir, es cómo es posible conservar unas especies que solo conoce un pequeño grupo de especialistas y que, además, suelen ser de pequeña talla y pasan buena parte del año en forma de huevos, larvas o pupas, a menudo dentro del suelo o estructuras vegetales, como la madera. Los tres criterios que establece la Directiva Hábitats para evaluar el estado de conservación de una especie son su dinámica poblacional (la población debe superar un valor mínimo de referencia), su área de distribución natural (que tampoco debe descender del valor de referencia establecido) y la disponibilidad de un hábitat favorable en extensión, distribución y calidad. Resulta obvio, pues, que para la conservación de estas especies olvidadas lo primero que se requiere es un conocimiento suficiente de los aspectos mencionados. Habida cuenta de la enorme diversidad de especies y la parquedad de los presupuestos disponibles, gran parte de los censos y los datos de distribución se obtienen gracias a la labor de sociedades científicas, que establecen los procedimientos y se apoyan en el trabajo de aficionados con una mínima ayuda económica por parte de las Administraciones. Una segunda reflexión es que las labores de conservación no pueden orientarse directamente a la protección de las especies, lo que se denomina conservación de grano fino, sino a la de sus hábitats y a la minimización de las amenazas que les afectan: la denominada conservación de grano grueso. Sólo en el caso de un número muy limitado de especies comestibles (por ejemplo, caracoles) o codiciadas por los coleccionistas, es necesario, además, adoptar medidas de conservación directa.

Así pues, la conservación de la mayoría de las especies de invertebrados suele centrarse en la protección y gestión adecuada de sus hábitats (bosques maduros, matorrales, pastos naturales herbáceos, humedales y otros), en el control de la contaminación y la aplicación de biocidas y, a veces, en el control de especies exóticas invasoras.

De las escasas especies de escarabajos (coleópteros) protegidas por el RD 139/2011 varias son saproxílicas: se alimentan de madera. Por ello, su conservación depende en buena medida de la existencia de grandes árboles decrépitos, o con oquedades, que solo aparecen en los bosques maduros (ver el manual de WWF Deadwood - Living Forests). De ese modo, la conservación de esos bosques y de la necromasa que albergan y la aplicación de buenas prácticas de gestión forestal (selvicultura) es la principal garantía de conservación para esas especies, entre las que se encuentra, por ejemplo, el ciervo volante (Lucanus cervus).

Otro caso que denuncian los entomólogos especialistas en conservación de la biodiversidad es el de los insectos coprófagos, que se alimentan de las heces del ganado y contribuyen a su descomposición, a la vez que sirven de alimento a muchas especies de aves y mamíferos insectívoros. El uso de algunos productos antiparasitarios para el ganado, como la ivermectina, y la propia desaparición del ganado extensivo en muchos montes parecen estar afectando seriamente a algunas especies y, por consiguiente, produciendo efectos en cadena tanto en la descomposición de las heces como en la alimentación de los insectívoros que dependen de ellos. Para dar idea de la importancia del proceso basta decir que en Australia tuvieron que ser importados entre 1965 y 1985 en lo que se denominó el “Proyecto australiano de insectos coprófagos”.

'Parnassiusapollo', una de las mariposas más conocidas y de las pocas que aparecen en el listado de especies protegidas de España. Su conservación depende de los pastos de alta montaña.

En el caso de las mariposas (lepidópteros), la conservación depende de la de sus hábitats, en los que se encuentran sus especies nutricias y las que necesitan sus larvas para alimentarse. Así, por ejemplo, Parnassius apollo depende de los pastos herbáceos de alta montaña en los que aparecen sus especies nutricias. Otras mariposas dependen de los prados y, por consiguiente, de una adecuada gestión de sus siegas y su pastoreo que evite la invasión de la vegetación leñosa y garantice la persistencia de sus plantas nutricias. A ello se han dedicado varios proyectos LIFE en toda Europa. En el grupo de los Licaenidos, la situación es parecida, pero más complicada, porque en muchos casos son especies mirmecófilas: que dependen de hormigas que, engañadas por las secreciones de sus larvas, las recogen y las protegen en sus hormigueros y de ese modo garantizan su supervivencia durante el invierno. Por eso, la conservación de esas mariposas, y de las hormigas que cuidan de sus larvas, depende de la persistencia de los pastos en los que viven ambas y, por consiguiente, de un adecuado aprovechamiento ganadero extensivo que evita la invasión del matorral y un excesivo crecimiento de la hierba, que sería perjudicial para las hormigas.

Algo parecido sucede con los saltamontes (ortópteros), que también son herbívoros y cuya conservación depende, por tanto, de la de las comunidades vegetales en las que viven y de las que se alimentan. Un caso paradigmático es el del saltamontes áptero Eumigus rubioi que, aunque no está protegido por el RD 139/2011 (solo lo están tres especies de ortópteros), vive exclusivamente en los pastos de alta montaña de Sierra Nevada. Su conservación depende del mantenimiento y la ordenación del pastoreo de una ganadería extensiva cada vez más exigua y quizás más amenazada de extinción que el propio saltamontes.

En el caso de las libélulas (odonatos), cuyas larvas viven en el agua y cuyos adultos se alimentan de otros pequeños invertebrados ligados a los humedales, la conservación de las siete especies que aparecen en el RD 139/2011 depende de sus hábitats, en los que es necesario garantizar no solo la persistencia de una vegetación adecuada, sino también la del agua, que debe ser suficiente en cantidad y distribución estacional, y libre de contaminación. En este caso, la labor de aficionados dirigidos por sociedades científicas está consiguiendo grandes avances en el conocimiento de la distribución de muchas especies y, por consiguiente, en el incremento de las posibilidades de conservación y gestión adecuada de las áreas de mayor importancia.

En algunos casos, la conservación de los insectos está estrechamente ligada a la de las plantas de las que se alimentan y a las que polinizan. Se trata de lo que en ecología se denomina simbiosis mutualistas, con mutuo beneficio para las dos especies que intervienen, interacciones que son especialmente importantes en el caso de los bosques tropicales. En esos casos, la desaparición de un polinizador puede afectar negativamente a las especies a las que poliniza, y la desaparición de estas puede provocar la extinción del polinizador, si es muy específico. Dada su complejidad, el conocimiento de las interacciones entre especies es todavía muy limitado, aunque constituye una línea prioritaria en la investigación orientada a la conservación de la biodiversidad. En España se está abordando ya en algunos parques nacionales, en especial de alta montaña.

Alfonso San Miguel Ayanz, catedrático de la UPM en la ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, es miembro del Comité Científico de Parques Nacionales y asesor del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en temas relativos a la Red Natura 2000 y la convención CITES.

Artículo publicado originariamente en el número 32 de la 'Revista UPM'.